Sociedad civil y nuevo gobierno Cristina Puga

Sociedad civil

La elección de un Fiscal General, en cumplimiento al artículo de la Constitución será una de las tareas a ser atendidas por la Legislatura que iniciará funciones el 10 de septiembre. Si, como se espera, la mayoría parlamentaria acepta la decisión de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, de no reformar el artículo 102 para dar entrada a la sociedad civil en la designación, se llevará a cabo un proceso más cerrado en el que tal vez incluso corresponda participar todavía al Presidente Peña, quien deberá formular la terna a partir de la lista que el propio Senado le presente, de acuerdo con la ley. Ya sea que eso suceda o que el proceso se retarde para que el nuevo Presidente sea el responsable de elaborar la terna, posiblemente habrá ocasiones para que la sociedad civil se manifieste a favor o en contra de algún nombre o lista de nombres, aunque la designación se mantenga restringida al Senado. La pregunta es qué tanto el nuevo gobierno la escuchará y la tomará en cuenta.

La reunión entre el equipo de López Obrador y organizaciones de la sociedad civil promotoras de la modificación del artículo 102 en la segunda semana de julio dio alentadores indicios de un cambio de talante del Presidente electo respecto al carácter de la sociedad civil que hasta ahora había sido motivo de desconfianza. A lo largo de la campaña, para expresar su desdén, AMLO no sólo se había referido a los integrantes de la sociedad civil como “fifís”, lo que implicaba que estaba conformada por exquisitos que no tenían que ver con su proyecto político, sino que, en algún momento designó como el encargado de dialogar con ellos a Manuel Espino, uno de los sujetos más deleznables de la vida política mexicana, responsable de la campaña política que llevó al poder a Felipe Calderón y antiguo militante de esa sociedad secreta de católicos violentos conocida como el Yunque, encubridores de acciones confrontativas y lectores de autores antisemitas como Salvador Borrego. Afortunadamente, él tuvo solamente una breve aparición en la campaña y son ahora Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, ambos con experiencia previa en el trato con organizaciones de la sociedad civil, quienes han abierto el diálogo sobre el difícil tema del Fiscal General y quienes posiblemente se encarguen de la relación con las organizaciones a lo largo del sexenio.

Es comprensible la dificultad de Andrés Manuel López Obrador para reconocer a la sociedad civil. Sobre su dimensión y significado hay aún controversias y el mismo término ha dado lugar a discusiones teóricas desde hace al menos dos siglos. Los especialistas aun no acaban de ponerse de acuerdo en los límites y modalidades del concepto. Pero es una discusión de las ciencias sociales que es el ámbito académico al que AMLO pertenece y, por lo mismo, no le debe de ser del todo ajena. Se trata de una cuestión que se reactivó después del surgimiento de Solidaridad, Solidarność, en Polonia y de la caída del Muro de Berlín, como consecuencia de una energía social manifestada por cientos de miles de habitantes de las sociedades de Europa Oriental. A todos ellos, familias separadas durante años, jóvenes mochileros con ansias de conocer el mundo, miembros de organizaciones diversas, desde sindicatos hasta sociedades musicales o poéticas, se les empezó a llamar genéricamente como la “sociedad civil”: aquella que, a pesar de todas las restricciones, se expresaba valientemente en contra de las dictaduras y los movimientos autoritarios.

Un libro publicado en 1988 por John Keane (Verso, Londres) unos cuantos meses antes de la caída del Muro, conjuntó trabajos de los más importantes teóricos y líderes políticos en torno al tema. Sobre él debatieron Agnes Heller, Norberto Bobbio, Clauss Offe, Vaclav Havel, Norbert Elias, Alberto Mellucci y Pierre Rosanvallon. No se pusieron completamente de acuerdo, pero a partir de ese momento, la sociedad civil emergió como un concepto con un nuevo significado para las ciencias sociales.

En un texto posterior, Claus Offe subrayó hacia mediados de los años noventa, el creciente desdibujamiento de la línea que separaba lo público de lo privado en las sociedades democráticas, lo cual implicaba un creciente interés de la ciudadanía por participar en la hechura de los programas de gobierno y de su puesta en práctica. Así, dice el autor alemán, se   empezó a hablar de política “pública” ya no para separarla de la vida privada sino para enfatizar la necesidad de abrir a los individuos comunes y corrientes la posibilidad de opinar y vigilar las acciones gubernamentales. La sociedad civil cobraba fuerza a partir de sectores que se desprendían de la tutela estatal y burocrática. En el caso mexicano, los grandes movimientos reivindicatorios de obreros y campesinos que proporcionaron los grandes cimientos del sistema político del siglo XX (el del PRI) fueron perdiendo interlocución, al igual que lo hicieron en muchas otras partes del mundo, en la medida en que nuevos actores   (mujeres, estudiantes, población de color, indígenas, ecologistas ) irrumpieron en la escena política y muchos nuevos temas, distintos al salario y a las prestaciones económicas se incorporaron a las demandas sociales: feminismo, salud, educación, defensa del medio ambiente, vivienda digna, derechos comunitarios, transparencia gubernamental.

Cada vez más, los nuevos movimientos sociales dejaron de representar a un grupo social determinado por su inserción económica, para representar causas concretas: los enfermos o portadores de VIH, las especies en peligro de extinción, la trata de personas, el agua potable para la colonia. Todas son causas sociales y todas son demandadas por la sociedad. Es a quienes participan en esos movimientos, forman parte de asociaciones profesionales o académicas, envían cartas a los periódicos, discuten en los cafés y las redes sociales, a quienes se identifica hoy como la sociedad civil. No son una masa homogénea, organizable y manipulable como fueron los obreros y los campesinos mexicanos en los años treinta, sino una ciudadanía numerosa, informada y diversa, que puede representar a sectores con posiciones ideológicas diferentes –a menudo ni siquiera están de acuerdo más allá del objetivo por el que pelean dentro de su organización – pero que en los últimos diez años han obtenido en nuestro país modificaciones a leyes y reglamentos e incluso a puntos de vista sociales en cuestiones tan importantes como la libertad en las identidades sexuales, la necesidad de que los funcionarios den cuenta de su patrimonio antes y después de su ejercicio público;  la reparación del daño a las víctimas de violencia y el derecho de la sociedad a estar informada de las acciones y gastos de su gobierno.

Es, además, a esa sociedad civil, vigilante y atenta a la que se deben las denuncias de las grandes injusticias, el mantenimiento de la campaña por los desaparecidos de Ayotzinapa, y la atención a los asesinatos de periodistas independientes -que también son miembros de la sociedad civil – y a la necesidad de proteger su oficio informativo. Conjuntos de ciudadanos críticos y dispuestos a aportar ideas y conocimientos se han incorporado a obras de promoción social; consultas ciudadanas, comités, grupos de trabajo o campañas electrónicas, con la convicción de que ya no basta un gobierno que gobierne bien, sino un gobierno que gobierne con la presencia activa y propositiva de la sociedad. Una parte de la desconfianza de algunos sectores hacia la sociedad civil proviene, tal vez, de la ocasional colaboración de ésta en la elaboración de programas o políticas emanadas de gobiernos locales o agencias federales.

El concepto de sociedad civil por lo mismo, no señala a un sector determinado de la sociedad, sino a toda la sociedad que se expresa libremente, que no admite ser controlada sin opinar, que supervisa las acciones del gobierno y que, eventualmente se organiza y defiende sus puntos de vista a través de las llamadas “organizaciones de la sociedad civil”: las OSCs. Al dar voz a una sociedad plural y diversa, las organizaciones de la sociedad civil tienen una serie importante de limitaciones: no son nunca plenamente representativas de un sector e incluso pueden representar puntos de vista muy opuestos; tienden a tener una vida de corta duración; son fácilmente “colonizables” por grupos con mayores recursos, no sólo económicos, sino de tiempo, conocimientos, experiencia o conexiones sociales; tienen una experiencia política reducida. Sin embargo, en términos generales, las OSC condensan una serie de valores sociales que son ampliamente compartidos por el conjunto de la sociedad civil. La justicia; el derecho a la vida, a la felicidad, al bienestar; la honestidad; la moderación; la libertad y, de manera amplia, la democracia, con todas sus consecuencias, forman parte de ese conjunto de valores. Quienes no los comparten (los grupos criminales, los racistas, los kukuxclanes) han sido denominados por el propio Keane como la “sociedad incivil”.

De hecho, desde una perspectiva amplia, ha sido la sociedad civil la que ha impulsado, apoyado y votado al candidato presidencial de Morena, la que ha provisto de argumentos a sus huestes mas leales y la que ha abierto un catálogo amplio de demandas que, de una u otra manera deberán ser atendidas por el futuro presidente del país. Por eso, más allá de la designación del fiscal, es una muy buena noticia el que se haya iniciado el diálogo con algunas de las organizaciones civiles más comprometidas con esa causa. Reconocer que más allá del “pueblo”, obediente, entusiasta y leal, existe una activa y demandante sociedad civil organizada con ideas, puntos de vista y propuestas propias que reclaman atención y respeto, puede aportar una plataforma más duradera al próximo gobierno que la sola confianza popular en el cumplimiento de promesas y en el carisma del líder. Los referéndums y los plebiscitos son hoy una insuficiente expresión de la voluntad ciudadana. Una democracia moderna reclama la participación propositiva de sus ciudadanos, su incorporación crítica a las tareas del gobierno y su derecho a manifestar su desacuerdo y a ser cotidianamente parte activa de la vida social y política del país.

(Ver también:

http://demoi.laoms.org/2018/01/30/ciudadania-y-campanas/

http://demoi.laoms.org/2017/07/11/el-universal-injustificable/

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ricardo-raphael/nacion/amlo-pacta-con-una-fiscalia-que-sirva)

Cristina Puga

Profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora en Ciencia Política. Entre sus temas de investigación figuran las formas de participación política del empresariado mexicano, las asociaciones civiles y la participación ciudadana, así como el ejercicio académico de las ciencias sociales. Es autora de numerosos artículos sobre esos temas en libros y revistas especializadas, así como de los libros México: empresarios y poder (MAP, 1993) y Los empresarios organizados y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (FCPyS-MAP, 2004). Es coeditora de los libros Acción colectiva y organización: estudios sobre desempeño asociativo (IIS UNAM, 2008), Nuevas perspectivas para el estudio de las asociaciones (Anthropos-IIS UNAM, 2010) y Protocolo para la evaluación de asociaciones (IIS UNAM-Colegio Mexiquense, 2011). Coordinó en 2012 la traducción al español del Informe sobre las Ciencias Sociales en el Mundo (UNESCO-COMECSO-FCCyT). En coautoría con Oscar F. Contreras publicó recientemente el Informe sobre las Ciencias Sociales en México (FCCyT-COMECSO 2015). Ha sido Directora de la FCPyS, Coordinadora del Consejo Académico de las Ciencias Sociales de la UNAM, Secretaria Ejecutiva del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) y Coordinadora del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. https://www.researchgate.net/profile/Cristina_Puga

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