Las y los principales actores de la vida política nacional siguen discutiendo si la representación proporcional debe desaparecer. Eso quiere decir que no se escuchan quienes están a favor de la medida y quienes se oponen a ella y esto es una mala señal: si no se escuchan quienes actúan en los espacios de trascendencia, pierden unos y otros; de hecho, perdemos todas y todos. La discusión debería ser en torno a la manera de hacer que la representación proporcional respondiera a sus razones de ser, lo que implicaría que cada quien pusiera atención a las posturas que divergen de la suya, y no sólo a las que confirman sus prejuicios. Si se lograra eso, todos y todas ganaríamos.
Para ponderar el problema en su justa dimensión, lo mejor es recordar el espíritu de la llamada “reforma Reyes Heroles”, que, en la década de 1970, instauró la representación plurinominal: conjugar la formación de mayorías en torno a programas estructurados por partidos y la expresión de la pluralidad constitutiva de la sociedad. La idea puede ilustrarse si imaginamos un ejemplo simple: un partido hegemónico gana todas las contiendas entre candidatas o candidatos distritales para elegir integrantes de la cámara de diputados por mayorías de votos que promedian el 55% de los sufragios emitidos. En un sistema de representación solamente distrital, ese partido tendría el 100% de las curules, y 45% de las personas en el padrón electoral se quedarían sin representación. El objetivo de la reforma reyista fue que, en la cámara, además de quienes ganaran en las contiendas distritales directas, hubiera otras y otros legisladores, que hablaran en nombre y en favor del 45% restante.
La respuesta que dio la reforma, fue sencilla en el fondo, aunque en la práctica ha sido compleja. Para remediar la desproporción que produce un sistema que sólo reconoce las mayorías distritales, se inauguró otro sistema complementario: de proporcionalidad, justamente. Se toman en cuenta y se suman todas las votaciones de todos los distritos (aproximadamente 60) que forman parte de cada una de las circunscripciones (actualmente cinco) en que se divide el país. A cada circunscripción se le asignan 40 diputaciones, que se distribuyen entre los partidos según las proporciones de votos que hayan recibido en las sumas. En el caso ideal, el número de diputados de mayoría distrital más el de proporción circunscripcional que tenga un partido correspondería aproximadamente al porcentaje de votos que recibiera en total en el país. A su vez, dentro de cada partido, las diputaciones que reciba se otorgan de acuerdo con una lista de prelación, es decir, de nombres ordenados previamente. Por eso se denominan “diputaciones plurinominales”.
Curiosamente, ahora, en favor de la desaparición del sistema de proporcionalidad plurinominal no ha habido ningún argumento que intente siquiera refutar el espíritu de la reforma de los años 70. De hecho, los que se esgrimen no asumen como punto de partida que un sistema de mayoría, por definición excluyente, sea superior a uno de proporcionalidad o mixto, por definición incluyente. Su premisas, aunque sólo planteadas tácimente, y no formuladas debidamente, han sido que la proporcionalidad es inútil, y que la representación de la mayoría es el único objetivo que importa.
Algunos de esos argumentos son serios, sin duda; pero están orientados de manera equívoca, por lo ya dicho. Además son insuficientes, aun en sus propios términos, como se verá en los siguientes párrafos. Concomitantemente, las oposiciones que abogan porque permanezca la proporcionalidad no han tomado en cuenta esos argumentos de una manera que les permita enfocar la discusión como lo requiere nuestra democracia, para dar a la proporcionalidad su mejor expresión y su mejor lugar en los procesos de decisión, ¿quizá porque advierten que hay algo de verdad en el reclamo que implica la propuesta de desaparición? Las causas de esta incomunicación merecerían un análisis detallado; pero baste, para los propósitos del breve escrito presente, señalar que el país, como muchos otros en este periodo de la historia, es presa de una espiral polarizante: descalificar a quienes no comparten objetivos antes de tratar de entenderlos va reduciendo las posibilidades de apoyarse en los principios comunes –que los hay, al menos en el plano declarativo, como por ejemplo, el de salvaguardar la Constitución– y minando las capacidades de mirar lo que sí ven las y los terceros desinteresados –que también existen, por ejemplo, entre quienes se dedican a la historia o a las ciencias sociales–.
El argumento explícito más común ha sido que una cámara con representantes distritales y plurinominales cuesta más que una conformada sólo con distritales. Y sí, una aritmética simple, centrada en el precio de las jornadas electorales o en los sueldos de los representantes, lo muestra rápidamente. Pero en el libro de contabilidad habría que hacer espacio para otras columnas, además de la erogación de recursos públicos en el corto plazo. Si se considera el precio de legitimidad que tienen que pagar las coaliciones gobernantes o la pérdida en calidad de decisión que acaba sufriendo la sociedad en su conjunto cuando no tienen voz todos los sentimientos y todas las ideas que conforman la nación, la degradación de la representación cuesta mucho, muchísimo más que el mantenimiento de la proporcionalidad. Por esos sacrificios de recursos intangibles, el PRI se dividió y, luego, quedó marcado de maneras que le hacen cada vez más difícil ganar una elección.
Pero tomemos otro de los argumentos, que es donde está el quid de la cuestión. Lo que se reclama es que, desde que se introdujo la proporcionalidad, las y los diputados plurinominales han sido más leales a las cúpulas de sus partidos que a la ciudadanía que vota por los partidos; y que lo mismo ha ocurrido desde que se crearon las senadurías de proporcionalidad. Esto lleva a pensar que las y los representantes plurinominales no están tan debidamente autorizados como los de mayoría distrital o estatal, y que no rinden cuentas a las y los votantes. Sin embargo, ni la liberalización, ni la transición hubieran sido posibles sin la representación plurinominal, porque fue ella la que propició la identificación de principios de racionalidad y de ética comunes, sin los cuales los gobiernos posteriores a la transición no hubieran contado con el respaldo legítimo que han tenido.
Una versión más elaborada y más pesimista de ese segundo argumento es que, si quienes tienen cargos de representación plurinominal hacen caso a las dirigencias de sus partidos y no se preocupan realmente por sus representados, entonces quedarán más fácilmente al servicio de los intereses personales de quienes integran las dirigencias o, peor, de los poderes fácticos. Pero, precisamente por su elaboración y su pesimismo, esta versión deja fuera unos puntos que debería incluir. Para empezar, es muy poco probable que el sometimiento de las y los representantes plurinominales llegue al grado de hacerles actuar siempre contra su conciencia; la mayoría han sido figuras reconocidas antes que candidatas o candidatos a los cargos de representación, lo que les ha conferido un margen de autonomía mayor que la de quienes han competido por cargos distritales. En todo caso, de verse obligadas las personas representantes plurinominales a obedecer incondicionalmente, el problema crítico estaría en un orden que está antes y va más allá de la plurinominalidad, y que debería acotar el abuso de las dirigencias.
Ahora bien, no habría que descartar totalmente ese argumento, ni en su versión básica, ni en la pesimista, porque hay países donde la representación proporcional responde mejor a su naturaleza que en el nuestro, y es así, justamente, porque confiere a la ciudadanía el mayor peso en la elección de las y los representantes, y no la deja esencialmente al arbitrio de las dirigencias partidistas. Cabe considerar aquí dos maneras similares en que eso se hace: 1) por medio de elecciones primarias abiertas o 2) a través de lo que podríamos denominar un “sufragio doble”, en el que se emiten votos por el partido de los candidatos y también por los candidatos.
Es de señalarse que, en ambos casos, la dirigencia de un partido tiene un papel que, de entrada, se percibe como necesario y válido. Ella es la que conduce previamente un proceso interno, durante el cual la militancia o algún órgano especializado del partido define una lista de posibles candidatos. En las primarias, las y los ciudadanos interesados votan para definir, de entre esos precandidatos a los candidatos que finalmente competirán contra los de otros partidos. En el sufragio doble, la lista que se conforma bajo la conducción de la dirigencia es de un número grande de personas que ya son candidatas, igual a las de candidaturas plurinominales que todavía se usan en México, excepto en un punto fundamental: la lista no constituye un orden de prelación. Lo importante es que los votantes definen ese orden, pues se les entrega, como una segunda boleta cuando reciben la que se emplea para elegir partido. Entonces, un votante sufraga por un partido y por el candidato de su preferencia dentro de ese partido. Así, las curules plurinominales se distribuyen según las proporciones de votos por partido y quienes las ocupan son las y los candidatos que obtienen más votos dentro de cada partido.
Así, en el mediano y largo plazo, se refuerza la credibilidad de las dirigencias partidistas, pues hacen posible y cuidan la participación de la ciudadanía en la asignación de curules plurinominales, tanto a los candidatos, como a los partidos; al mismo tiempo, queda claro que las y los plurinominales electos representan y deben lealtad a quienes votaron por ellos, y no sólo a las dirigencias de los partidos que los nominaron. Esto –cabe decirlo para concluir– es algo que en México saben, o al menos intuyen, algunas personas que forman parte de los partidos, tanto de la coalición gobernante, como de las oposiciones, aunque, por la mencionada polarización, no se atreven hoy a suscribirlo públicamente. En las últimas elecciones nacionales, todos los partidos intentaron perfilar métodos parecidos al de las primarias, no sólo para decidir candidaturas plurinominales, sino también distritales.
Entonces, la pregunta clave en el debate de estos días debería ser cómo conferir poder a la ciudadanía para nombrar candidaturas plurinominales, y no si la representación plurinominal ha de desaparecer o permanecer. Además de su valor intrínseco, enfocar esa pregunta contribuiría a empezar a liberar a las dirigencias de unos partidos y otros de la polarización que las ha atrapado, pues tendrían preocupaciones comunes que las llevarían a identificar principios comunes mínimos y a tomar en cuenta lo que saben los historiadores y los científicos sociales.
Hay cierta esperanza en que el sistema de partidos, en su conjunto, transite de la pregunta “no o sí a la proporcionalidad” a la pregunta “cómo mejorar la plurinominalidad”, pues uno de los partidos de la coalición gobernante se está resistiendo abiertamente a aceptar los argumentos en favor de la desaparición y hay signos que sugieren que hay militantes poco convencidos en todos. Aunque eso fuera sólo porque quienes divergen o dudan son plurinominales, y se imaginen que hubieran quedado fuera del presupuesto y de las posibilidades de influir podrían verse movidos a entender mejor lo que está en juego. Ojalá esas personas hagan recapacitar a quienes no se dan cuenta que sus partidos se debilitarán, si dejan de poder representar a las y los votantes que no son convencidos por las candidaturas de mayoría excluyente. Mejor todavía sería que los hagan ver que un Congreso monolítico, en el que sólo tengan que seguir línea y no convencer, ni a su conciencia, ni a nadie más, tomará con frecuencia malas decisiones, porque, ahí sí, sólo importará una dirigencia partidista. Será un Congreso autoritario y regresivo o, en el menos grave de los casos, intrascendente.
