¿En qué medida la revocación de mandato presidencial es un mecanismo que sirve a la ciudadanía o por el contrario, a los gobernantes?. Concebida como un mecanismo de democracia directa, a la par del referéndum, del plebiscito, del presupuesto participativo y de la consulta ciudadana, la revocación está contemplada en pocos países: en Venezuela se introduce en 1999, en Ecuador en 2008, en Bolivia en 2009, y en México en 2021. Su incorporación aparece bajo gobiernos que se asumen de izquierda y que tienen un fuerte componente populista. Su objetivo es someter a votación de la ciudadanía la permanencia de un ejecutivo en el poder: es por tanto un mecanismo de control vertical que trata de revertir o confirmar una decisión mayoritaria que anteriormente había legitimado un poder.
Primera tesis: la revocación de mandato es un mecanismo de control del poder vertical que se basa en información asimétrica, por lo tanto es un mecanismo que las élites pueden manipular.
La revocación presupone, teóricamente, que la ciudadanía tiene la capacidad de evaluar el desempeño de un gobierno. Una evaluación positiva implica votar para que continúe, y una negativa, votar para que no sea así. Pero difícilmente la ciudadanía puede contar con elementos mínimos para hacer una evaluación amplia sobre el desempeño de un gobierno, cuando la información sobre el mismo es asimétrica y casi monopolio de las instancias gubernamentales y las élites partidistas. Por ello es factible que la ciudadanía se guie por sus afinidades político ideológicas y no por una evaluación medianamente racional sobre el desempeño.
Segunda tesis: la revocación de mandato en sistemas presidenciales tiende a generar crisis en los sistemas políticos
Desde que se introdujo en Venezuela en 1999 y hasta febrero de 2022, solo se han llevado a cabo dos procesos de revocación de mandato para la presidencia de la república en América Latina: en Venezuela el 15 de agosto de 2004 y en Bolivia el 10 de agosto de 2008. Otros procesos de revocación de mandato se han llevado a cabo a nivel subnacional, como el que se puso en marcha en Ecuador en 2011 para consultar sobre la permanencia o no de trece alcaldes, de los cuáles cinco fueron removidos. El proceso de revocación de mandato en Venezuela en 2004 durante el gobierno de Hugo Chávez generó una grave crisis: si bien Chávez se mantuvo en el poder al ganar “que se quede” con 59.1% de los votos, frente a un 40.64% del “que sea revocado”, desde ese momento y hasta su muerte en 2013, la polarización entre la oposición y el gobierno fue en aumento. Ya bajo Nicolás Maduro, en Venezuela se consolidó un régimen autoritario, y el mecanismo de revocación de mandato, que precisamente debería coadyuvar a promover la salida del gobernante autoritario no se ha podido activar hasta la fecha debido a la cooptación gubernamental de los organismos electorales.
En Bolivia la revocación de mandato se llevó a cabo el 10 de agosto de 2008 y Evo Morales fue ratificado con el 67.43% de los votos. Pero el referéndum revocatorio profundizó una crisis previa entre líderes de oposición y el gobierno. El conflicto escaló tanto que sucedió la Masacre de Porvenir, la expulsión del embajador de Estados Unidos y la imposición de un estado de sitio en Pando. En todo el conflicto quien ganó fue el presidente, que también recibió el respaldo de gobiernos y movimientos latinoamericanos afines. En los procesos electorales subsecuentes del siguiente año, tales como el referéndum para la nueva Constitución y las elecciones generales, así como sucedió con la revocación, el movimiento de Evo Morales ganó ampliamente.
Tercera tesis: la revocación tiende a favorecer al presidente en turno y a su partido
¿Porqué líderes populistas promueven la revocación de su propio mandato? Teóricamente operaría en su perjuicio, pero en la práctica lo hace en su beneficio. Lo mismo Hugo Chávez que Evo Morales, Rafael Correa en 2015 aunque sin éxito, y López Obrador en México durante todo el 2021, promovieron que se aplicara el ejercicio de la revocación como una muestra de su talante democrático, pero en los hechos lo han utilizado más como un mecanismo para mantener movilizado a su electorado y atacar a sus opositores.
En México la figura de revocación de mandato se incorporó en la constitución en 2019 y el 10 de abril de 2022 se llevará a cabo el proceso de consulta, después de poco más de tres años de que llegara López Obrador a la presidencia. La revocación procede por mayoría absoluta siempre y cuando la participación supere el 40% de los inscritos en la lista nominal. Empero, se estará aplicando una norma de manera retroactiva contraviniendo un principio de derecho. En la práctica, López Obrador fue elegido bajo reglas que no contemplaban la posibilidad de que fuera removido a mitad de su mandato. Parece paradójico que él y su partido Morena hayan promovido el proceso de revocación pero no es así; su activación ha sido utilizada para atacar constantemente al Instituto Nacional Electoral (INE), negándole recursos para operar este proceso, sometiéndolo a una presión mediática innecesaria y a la constante descalificación de sus miembros.
A diferencia de lo que sucedió en Venezuela y en Bolivia en su momento, en México las oposiciones partidistas y no partidistas no se han movilizado para promover la revocación de mandato. Previsiblemente, se espera una muy baja participación ciudadana lo que implica que el Presidente no será removido del cargo, pero tampoco contará con una amplia ratificación, lo que se prefigura como un fracaso más para López Obrador que ha tratado de movilizar a sus seguidores en consultas previas, todas con muy poco éxito. Consecuentemente, es probable que en lo que resta de su gobierno, se profundicen sus deslizamientos autoritarios con el riesgo que ellos implican para la democracia mexicana.
Ver también : Fernando Castaños, La(s) pregunta(s) de la consulta revocatoria de 2022 y la calidad de la democracia. ttps://demoi.laoms.org/2022/02/08/3370/
