¿Quienes detentan un cargo público gozan de las mismas libertades que la ciudadanía común? La libertad de opinión es una libertad política, pero ¿es la misma para un Presidente que para los ciudadanos?
Probablemente el principal problema es definir a qué nos referimos con la libertad política. La libertad puede ser entendida como “permiso” o como “capacidad”, ambas acepciones íntimamente relacionadas, pero la segunda es interna, y la que interesa en el ámbito público es la externa, esto es, la libertad política, que es permisiva, instrumental y de relación.
Las principales libertades que abarca la libertad política son de expresión u opinión, de asociación y de elección. Cuando la libertad política está en riesgo, es cuando mejor se le aprecia y cuando menor ambigüedad tiene. Al contrario, cuando hay mayor libertad política, puede adquirir diversos significados dependiendo de quienes la traten de definir.
La libertad política, señala Giovanni Sartori (The Democratic Theory ), sólo surge cuando consideramos la relación entre ciudadano y Estado siempre “desde el punto de vista del ciudadano”. Si la vemos desde el punto de vista del gobernante, ya no estamos hablando de libertad política.
Decir que el “Estado es libre para”, carece de significado, a menos que involucremos la cuestión del poder arbitrario. El estado tiránico es libre para gobernar a su antojo, y esto significa que priva de libertad a sus súbditos. De allí que los Jefes de Estado y de Gobierno tienen responsabilidades, antes que libertades.
La libertad política, es una libertad “de”, y no una la libertad “para”, por lo tanto es protectora respecto de quienes detentan el poder político. Desde la antigüedad hasta ahora, la libertad política se basa en la obediencia a las leyes y no a los amos. Es decir, se obedece a la institución, no a la persona. Y siguiendo esa dinámica, se podría escribir la historia política de la humanidad, en la medida de que las diferentes sociedades políticas han oscilado entre formas de gobierno que limitan las libertades y aquellas que las protegen.
Pero es hasta la modernidad en que se afianzó el significado de la libertad contra el poder. Todos los movimientos revolucionarios inspirados, poco o mucho, en el liberalismo, como las revoluciones francesa y estadounidense pedían libertad individual y política en oposición al Estado.
La solución que mejor protege la libertad política es la fórmula republicana de la limitación del poder por la vía de la separación horizontal. De manera vertical, el poder emana del “pueblo” y por lo tanto responde al “pueblo”. Pero como muchos gobernantes han abusado de su cargo precisamente usando de manera ilegítima la palabra “pueblo” para concentrar el poder, éste se ha dividido (Locke, Montesquieu, dixit). Así la separación de poderes no solo es un mecanismo de eficiencia del ejercicio del gobierno, sino una garantía para la libertad política.
La libertad política es de las personas, no del cargo. Presuponer que la libertad del ciudadano es igual a la del gobernante, es no entender que es una relación desigual. Los ciudadanos tienen libertades, los gobernantes tienen responsabilidades. Los gobernantes tienen el poder, y todos los recursos del Estado, y en esa relación desigual, la defensa de los ciudadanos es precisamente su libertad.
Por lo anterior, se debe entender que el Presidente no es un ciudadano cualquiera que ejerce su libertad de opinión, es un Jefe de Estado y de Gobierno que tiene todos los recursos del Estado para usarlos en favor de la totalidad de la comunidad política, y nunca en contra.
El “problema” del sistema presidencial es que en una sola persona se han puesto los cargos de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. El Jefe de Estado representa a la unidad nacional, al Estado precisamente, mientras que el Jefe de Gobierno representa a una mayoría partidista legitimada para gobernar por un periodo determinado. Por eso en los sistemas parlamentarios, en las monarquías constitucionales y parlamentarias, así como en los semi-presidencialismos, se han separado las figuras de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, para que las expresiones de éste no se confundan con las de aquél.
De un Jefe de Estado se espera mesura, responsabilidad política, y en cierto caso se le exige que promueva la unidad frente a las divisiones políticas. Un Jefe de Gobierno siempre tratará de defender su posición ideológica y partidista, así como sus políticas de gobierno frente a la oposición, y tratará de convencer a la opinión pública, pero siempre será la voz de una parte de la comunidad política, nunca la voz del “pueblo”.
Por ello en el Presidencialismo, mientras no se resuelva la ambigüedad de dos cargos en una sola persona, los Presidentes en cualquier país, al expresarse en público debieran optar por la máxima de Nicolás Maquiavelo (El Príncipe, Libro XV), parafraseando, que, dada la naturaleza humana, un “príncipe” no puede poseer todas las virtudes, por lo cual siempre es preciso tratar de evitar la vergüenza de caer en aquellos vicios que le significarían la pérdida del Estado, y por ello, si al hablar debe elegir entre dos males, la prudencia le obligaría a elegir entre el mal menor.
