Reconstrucción de las viviendas y reparación de la democracia: ¿por dónde empezar? De los editores

Reparar la democracia

La capacidad de respuesta a la catástrofe que demostraron los habitantes de México fue un gran legado de los terremotos de 1985. Como lo captó Octavio Paz en su momento, revelaba una gran reserva moral, y ésta significaba un posibilidad muy real de superar la decadencia que representaban las élites. Actuaba la fuerza de “un pueblo paciente, pobre, solidario, tenaz, realmente democrático y sabio.” Efectivamente, a raíz de los acontecimientos de entonces, cobró vigencia y empezó a recrearse la noción de sociedad civil, lo que hizo realizable el anhelo nacido en 1968 de transformación del régimen de partido hegemónico.

En 2017, resuenan las palabras del laureado poeta. Han sido reproducidas por El País, han sido citadas en las redes sociales y han inspirado observaciones como las de Mario Luis Fuentes publicadas el pasado día 25 de septiembre en México Social y en Excelsior: “(…) una vez más, lo que se hizo evidente es la inmensa energía social… que se encuentra no dormida, sino agraviada por(…) la desigualdad(…) y la corrupción—[la erosión ética de los dirigentes ya diagnosticada por Paz].”

La pertinencia y la coordinación espontánea de los cientos de miles de acciones de los rescatistas y de los grupos de apoyo a los damnificados desafíaron, no sólo la adversidad de la geofísica desatada, sino sobre todo, la inevitabilidad del desarreglo político. Hay un eco innegable de los aprendizajes que dejó la catástrofe anterior: si podemos levantarnos de los escombros, podríamos también cambiar la forma de gobernarnos y, para llegar mejor preparados a la próxima, tenemos que gobernarnos mucho mejor. Nos estamos diciendo, otra vez: “El desastre no sólo es natural; su magnitud depende también de cómo y en qué se ha empleado el dinero público.”

Crece el ánimo de revisar los grandes objetivos del Estado y las maneras de alcanzarlos, y se está convirtiendo en demanda. Tal vez estamos ante el inicio de un ciclo de cambio socio-político, que se daría como continuación de la reacción ante el desastre, como el que ocurrió entre 1985 y 2000, cuando se creó la Comisión de Derechos Humanos, cuando el organismo encargado de las elecciones se separó de la Secretaría de Gobernación, cuando la oposición llegó al gobierno de la Ciudad de México, cuando el PRI perdió la presidencia de la República.

El primer foco de atención, el tema que está detonando los reclamos y los debates, es la preocupación inmediata: ¿cómo se pagará la reconstrucción? En el mero hecho de que la sociedad se asuma como convocante y como convocada a considerar el problema, hay una serie de implícitos que le dan mayor impulso a la reflexión: se ha generado un círculo deliberativo virtuoso. Por su valor, en su momento, habrá que desglosar y elaborar ese conjunto de premisas tácitas; hoy, es oportuno identificar al menos tres explícitamente: no sería humano esperar que quienes han perdido su casa carguen con todo el peso de reconstruirla; a fin de cuentas, el retraso en la reconstrucción sería un lastre para la economía en su conjunto; y, si ponemos las razones antes que los intereses, empezaremos a encontrar mejores soluciones.

Quienes han sido más afectados no se encontraban en situación de vulnerabilidad a propósito. Por lo tanto, lo justo y lo sensato ahora es que, entre todos, se encuentren medios para que ellos accedan a otra condición, como lo hiciera ver un número considerable de personas reconocidas en ámbitos académicos y públicos, en un comunicado publicado, también el 25 de septiembre, en Eje Central y La Jornada bajo la responsabilidad de Rolando Cordera: “Por una reconstrucción amplia, solidaria y generosa.”

En las conversaciones informales, en las redes sociales, en las columnas de opinión, se propone que, al menos, se redirijan partidas de los presupuestos públicos de éste y el próximo año, desde áreas de gasto que han resultado injustificadas hacia otras que sustenten la reedificación. Los principales blancos de los recortes propuestos son los partidos políticos y las cámaras de diputados y senadores; y después de ellos, los altos funcionarios del poder ejecutivo. Esto nos dice que, para la ciudadanía, hay algo equivocado, no sólo en las prioridades de asignación de recursos, sino en el proceder de quienes las definen: la estructura que sostiene los procesos de decisión está dañada. En estos asuntos, se están condensando emociones que van de la desafección al enojo con los representantes, y que se expresan, tanto en insultos, como en preguntas escépticas y afirmaciones irónicas.

Ante la proximidad de la contienda electoral presidencial, los partidos intentan mostrarse perceptivos y tomar la iniciativa. Para ocupar espacios prominentes en los medios, la última semana de septiembre tomaron como asunto central una petición firmada en unos cuantos días por cientos de miles, de destinar a la reconstrucción fondos originalmente aprobados para sus campañas (creada por Karla Azuara en change.org, el 20 de septiembre); y no sólo respondieron en un lapso aún más breve, sino que fueron más lejos: uno de los partidos (MORENA) ofreció renunciar al 50% de su presupuesto; una alianza de tres (PAN, PRD y MC), al 100%; y otro de ellos (PRI), además de ceder la totalidad de lo asignado, propuso que se eliminaran las representaciones plurinominales, para reducir el costo de la cámara de diputados en 40% y el del senado en 33%.

Tales iniciativas requieren exámenes cuidadosos, a los que probablemente se llegará, pues la discusión ya se ha iniciado, si bien la complejidad de la materia que les atañe no es reconocida por los partidos. El punto es que ellos no están teniendo en cuenta las buenas razones, previas al apremio actual de ahorrar, que han conducido al establecimiento en nuestro país de la representación mixta (de mayoría y proporcional) y del financiamiento eminentemente público de las actividades partidistas; pero –hay que decirlo también– quienes se han opuesto a las iniciativas no están ponderando las consecuencias imprevistas que han tenido la proporcionalidad y la carga eraria, y menos, las alternativas a una y otra, o las posibles correcciones a sus efectos indeseables.

Para que el escrutinio de las cuestiones conduzca a decisiones acertadas, tanto en la reconstrucción de las viviendas, como en la reparación de las estructuras democráticas, es deseable empezar por un debate amplio, en el que participen integrantes de la sociedad civil, académicos y políticos; y es importante que se desarrolle en una diversidad de espacios, sobre todo independientes. Así, el ímpetu que se ha generado en estos días nos acercaría al ideal de democracia representativa, participativa y deliberativa que, poco a poco, casi imperceptiblemente se había ido configurando en la Constitución, y que es, finalmente, el marco de contraste desde el que están surgiendo las severas críticas al régimen que prometía tanto cuando emergía, entre 1996 y 2000.

En el seminario académico institucional Perspectiva Democrática, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, deseamos colaborar como lo hemos hecho desde que se fundó, con cuestionamientos teóricos y con análisis de hechos que reconocen el valor imprescindible de la pluralidad. Refrendamos una cita de Salman Rushdie en la que nos reconocíamos cuando empezamos: “La democracia es una cofradía de voces en desacuerdo.” Saludamos también un tuit reciente de John Keane, de acuerdo con el cual la democracia es el derecho a ser diferente, ya que nadie es lo suficientemente bueno como para determinar a los otros, o para dictar a los otros que hacer: “to rule others.”

En las próximas semanas, publicaremos en este Observatorio algunas ideas sobre la representación mixta y sobre el financiamiento responsable y sostenido de la reconstrucción. Señalaremos nuestras coincidencias y nuestras divergencias con distintos autores que ya han reflexionado acerca de estos temas. Nos cuestionaremos y nos apoyaremos unos a otros. Invitamos a los lectores a participar en la discusión, con sus observaciones, comentarios y críticas.

Sabemos que los daños causados por los sismos, la respuesta de la sociedad civil y la actuación de los políticos han hecho que otros asuntos problemáticos adquieran también visibilidad. Colegas cercanos han señalado, por ejemplo, que detrás de las fallas estructurales de muchos edificios colapsados, hay una aplicación defectuosa de los códigos de construcción, lo que, a su vez, exhibe la corrupción y la impunidad que el estropeado   sistema de procuración de justicia permite. Quisiéramos que la iniciativa contribuya a animar a otros grupos a examinar las insuficiencias y los deterioros de nuestra democracia que los acontecimientos de estas semanas revelan. Es tiempo de deliberar, de pensar seriamente cómo corregir las instituciones, en el diseño y en la práctica.

Firman:

Fernando Castaños Zuno, IIS, UNAM; Jorge Cadena Roa, CEICH, UNAM; Julio Labastida Martín del Campo, IIS, UNAM; Miguel Armando López Leyva, IIS, UNAM; Cristina Puga Espinosa, FCPyS, UNAM

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