Hacia finales del mes de abril de 2020, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, sugirió a la población inyectarse desinfectante o exponerse a rayos ultravioleta para combatir el virus de SARS-Cov-2, responsable de la pandemia de Covid-19. Algunas semanas antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió que su protección ante el riesgo de contagio era una estampa religiosa, un “Detente”. El presidente de México, quien ha prescindido sistemáticamente del uso de cubre-bocas en público, también recomendó repartir abrazos y en junio de 2020, afirmó que un modo de vida saludable y “no mentir, no robar, no traicionar”, ayudaban a prevenir el contagio del coronavirus.
Las declaraciones de los presidentes Trump o López Obrador son ilustrativas de una actitud negligente y poco científica ante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Las cifras sistematizadas por fuentes oficiales y extraoficiales confirman que la estrategia adoptada bajo las órdenes de estos presidentes ha tenido consecuencias devastadoras en un plano humanitario. Al mismo tiempo, existen razones para afirmar que esa misma actitud vulnera los estándares democráticos que los gobiernos deben respetar en escenarios de emergencia.
¿Es la democracia compatible con una respuesta expedita, decisiva y eficaz ante crisis o emergencias como la del Covid-19? La respuesta es categóricamente afirmativa. Aún en escenarios de emergencias epidemiológicas, desastres ambientales u otras crisis de gran magnitud, los gobiernos tienen la responsabilidad de conducirse con apego a las normas internacionales que garantizan el respeto a libertades, derechos e instituciones democráticos. Bajo situaciones de emergencia, implementar restricciones como el aislamiento social, la suspensión de actividades económicas no-esenciales, el cierre de fronteras entre los países o, inclusive, posponer elecciones locales o nacionales, por sí mismo, no constituye una violación de estándares democráticos.
¿Cuáles son los principios o criterios democráticos que deben respetar los gobiernos en situaciones de emergencia? Un grupo de investigación asociado al proyecto Variedades de la democracia, en la Universidad de Gottenburg, ha desarrollado una original investigación acerca de este tema. El planteamiento y los resultados se publican en un artículo de acceso libre.
El argumento es que las violaciones a los estándares democráticos provocadas por medidas de emergencia acontecen cuando “las restricciones se producen de forma inequívocamente desproporcionada, no-necesaria y discriminatoria”. En estos casos, las medidas de emergencia causan violaciones a los estándares democráticos mediante intromisiones en la dignidad y autonomía de las personas, cuando impiden o limitan la rendición de cuentas pública, o cuando se produce una combinación de ambas.
Hay al menos tres tipos de medidas que atentan contra la dignidad y autonomía de las personas en situaciones de emergencia. Un primero es el de las discriminatorias cuando se dirigen hacia grupos específicos de personas, debido a su raza, color, sexo, lenguaje, religión u origen social. Una segunda práctica violatoria es la derogación de derechos no-derogables, como el derecho a la vida o el derecho a la ausencia de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Un tercer tipo de violación es el abuso de la fuerza pública, referente al uso de violencia por parte de la policía o las fuerzas militares al aplicar las medidas requeridas por la emergencia.
Las medidas que constituyen un sabotaje a la rendición de cuentas pública también incluyen tres tipos de prácticas. La primera es omitir el establecimiento de un plazo o fechas definidas para la conclusión de la situación de emergencia. Esto implica que el gobierno no ofrece certeza legal acerca de la duración que tendrán las restricciones pandémicas. El confinamiento y las restricciones podrían extenderse indefinidamente.
Un segundo tipo de violación se presenta cuando se limitan los poderes legislativos del parlamento. Se considera una violación democrática si el ejecutivo aprovecha la situación de emergencia para clausurar el poder legislativo, limitar sus funciones o impedir que la legislatura vigile la situación de emergencia o investigue al poder ejecutivo. El tercer tipo de violación, en este contexto, es la difusión de campañas oficiales de desinformación. Esto se observa cuando el gobierno propaga información distorsionada acerca del Covid-19, su prevención o tratamiento.
Por último, las restricciones a la libertad de los medios constituyen una violación que impacta lo mismo a la autonomía y dignidad de las personas que a la rendición de cuentas democrática. Las restricciones a los medios limitan el acceso a la información, restringen la expresión de las ideas y pueden estar acompañadas por acoso a las actividades periodísticas.
El estudio, desarrollado por Edgell, Lachapelle, Lürhmann y Maerz revela que la gran mayoría de los países, democráticos y autoritarios por igual, incurrieron en algún tipo de violación a los estándares democráticos en su respuesta a la pandemia. Sin embargo, el análisis muestra que esas violaciones no se tradujeron un menor número de muertes asociadas a Covid-19 por cada millón de habitantes. En otras palabras, las restricciones democráticas no provocaron una respuesta más eficaz a la pandemia.
El análisis de las violaciones pandémicas a la democracia, en particular, ofrece argumentos para exigir cuentas a los gobernantes que, como Trump o López Obrador, han propagado información falsa y distorsionada acerca de la pandemia de Covid-19. Este tipo de declaraciones reflejan una comprensión inadecuada de la emergencia sanitaria, que habrá de quedar manifiesta, en mayor o menor medida, en la respuesta del gobierno a la pandemia. Al mismo tiempo, representan violaciones a los estándares democráticos en tanto que vulneran el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública veraz, confiable y fundamentada.
De los gobiernos democráticamente electos se espera responsabilidad y eficacia cuando enfrentan una emergencia como la provocada por el Covid-19. De ello dependen la salud y el bienestar de toda la población y, en alguna medida, las adversidades que cada hogar y cada persona deben sobrellevar en lo particular. Sin embargo, de los gobiernos también se espera integridad legal y coherencia democrática, aún en situaciones de emergencia. Las libertades e instituciones democráticas no son negociables y la ciudadanía debe estar alerta para denunciar violaciones o exigir que se rindan cuentas cuando las autoridades amenazan esas libertades o esas instituciones. Lo mismo en condiciones normales que en condiciones de emergencia, la ciudadanía debe asegurarse que los gobernantes “no roben, no mientan, no traicionen”.
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Los datos del Pandemic Backsliding Project están abiertos al público. Su mapa interactivo muestra las violaciones pandémicas por país, También se pueden consultar la base de datos, los criterios de codificación y las fuentes de información que justifican las mediciones por país.
