Hace unos días la Cámara Baja votó a favor de reformar o derogar diversas leyes con el propósito de extinguir 109 fideicomisos que han financiado en nuestro país la investigación en ciencias e innovación tecnológica; el desarrollo de la cultura y las artes; la defensa del medio ambiente; la protección contra desastres naturales, así como la protección a víctimas, periodistas y ex braceros.

Tres partidos que tienen la mayoría absoluta en la Cámara Baja votaron en esta dirección: Morena, el partido del Presidente de la República, que se dice de izquierda y que en 2018 ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales, legislativas y de algunas gubernaturas así como  el PES y el PVEM, incondicionales del Presidente. Fue el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien lanzó la directiva de desaparecer estos fideicomisos, con dos argumentos: 1) hay en ellos poca transparencia y mucha corrupción  y 2) se requiere de sus recursos (68,000 millones de pesos) para apoyar al sector salud, dado que este gobierno ha optado por la austeridad extrema para lograr enfrentar la crisis.

En la Cámara Baja el voto mayoritario en este tema argumentó en su defensa ya sea lo mismo que AMLO, o algo muy distinto: que los recursos de estos fideicomisos serán depositados en algunas secretarías de Estado para ser invertidos en los fines  para los que fueron creados, pero sin opacidad ni corrupción.

Los dos argumentos son contradictorios entre sí. Si  las intenciones del gobierno son las de allegarse recursos, ¿cómo es que se vota por la eliminación de estos fideicomisos, que en conjunto no reúnen una cantidad   tan importante como para hacer una diferencia radical en atacar la crisis ligada a la COVID-19, pero no se propone siquiera eliminar, por ejemplo, el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Articulo 16 De La Ley Aduanera (FACLA)?  FACLA ha sido cuestionado muchas veces por corrupción y falta de transparencia, y su bolsa, de acuerdo con el segundo informe trimestral de la Secretaría de Hacienda (SHyCP, junio 2020), es de 70,360 millones de pesos, una cifra superior a la totalidad de los recursos alojados en los 109 fideicomisos mencionados.

Si   las intenciones del gobierno fueran las de reutilizar el presupuesto de cada fideicomiso para los mismos fines, esto anula el primer argumento y al mismo tiempo propone un nuevo esquema de financiamiento que, dentro del marco legal fiscal anual reglamentario para los fondos gubernamentales, rigidizará la operación financiera multianual que todas las causas afectadas requieren para cumplir con sus importantes fines.

Tanto en el caso de otros sectores como en el de la Ciencia y la Tecnología (CyT), los fideicomisos han sido un mecanismo ágil para recibir recursos mediante convenio no sólo con el gobierno sino con instituciones externas nacionales e internacionales cuyas aportaciones no constituyen una carga para el erario público. Este mecanismo no ha estado sujeto a las enormes y burocratizadas estructuras de las Secretarías de Estado ni a sus exigencias fiscales que no permiten proyectos de carácter multianual. Son más bien complementos importantes que funcionan muy bien bajo un buen esquema de regulación, vigilancia y rendición de cuentas.

No se justifica pues cambiar el sistema. Si algunos de los 109 fideicomisos se han prestado a malos manejos hay que sancionar a los responsables y corregir su rumbo. Pero antes de desaparecer cualquier fideicomiso hay que considerar lo que llevó a su creación, sus propósitos y sus méritos y desarrollos, en conformidad con las prioridades de la nación. De hecho, muchos de aquellos que se quiere eliminar   han sido siempre regular y cuidadosamente auditados por varias instancias gubernamentales, como es el caso de los de ciencia y tecnología (CyT). Aunque la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) afirma lo contrario,   nunca ha presentado las pruebas de la supuesta corrupción.

Además, ahora, la SHyCP y el CONACyT sostienen que el dinero de los fideicomisos de CyT será depositado en el CONACyT, y que no se perderá  apoyo alguno para la ciencia. Lo que no  dicen es que  dicho compromiso no ha sido firmado y  que el esquema de financiamiento se centralizaría y rigidizaría en detrimento del desarrollo de las investigaciones. Por otro lado, nadie sabe adónde irían ni los recursos privados o internacionales depositados hoy en los fideicomisos y autogenerados por varias de las instituciones de CyT, ni aquellos aportados hasta ahora por las entidades federativas mediante el esquema de los “fondos mixtos”   que han impulsado la ciencia en los estados, además de varios otros problemas no resueltos  que el breve espacio con el que cuento aquí no me permite desarrollar.

Desde que empezó este debate en las Cámaras, AMLO y varios de sus cercanos colaboradores han acusado a todo aquel que no esté de acuerdo con la  eliminación de estos fideicomisos de estar apoyando a los regímenes conservadores anteriores, a la corrupción y al robo. Nada más lejos de la realidad: muchos de quienes nos oponemos a esta eliminación fuimos críticos de dichos regímenes, actuamos en varios frentes contra ellos y no se nos puede acusar en ningún sentido de corrupción. En el sector de CyT los fideicomisos ni siquiera pagan nuestros salarios, pero sí nuestras investigaciones y la infraestructura con que se realizan. En muchos casos, los fideicomisos tienen   incidencia en políticas públicas y en el apoyo a luchas sociales.

El Senado está a punto de emitir su voto al respecto. A pesar de la pandemia se han movilizado los sectores afectados arriba mencionados, muchos de cuyos integrantes votaron por Morena, pero hoy están preocupados y desilusionados ya que las consecuencias de esta eliminación serían muy graves para ellos. Quienes en el 2018 votaran por ser representados en el Congreso por personas de gran calidad ética y responsabilidad cívica, que combatieran la pobreza, la injusticia y la corrupción y empujaran las agendas ambientales, científicas, de derechos humanos, de género, de la interculturalidad y del anti-racismo hoy se sienten traicionados. La movilización contra la extinción de los fideicomisos no defiende a nadie en particular: se opone a una iniciativa que augura resultados muy negativos para muchos sectores del país.

El poder está equivocado. No quiere tocar los fideicomisos de ejército y el arriba mencionado de aduanas, que han sido denunciados por corrupción, pero afecta, además de a los científicos, a familiares de desaparecidos, artistas, periodistas, defensores del medio ambiente y comunidades en riesgo. Esto pone fuertemente en duda el carácter auto-asignado de AMLO, de su gabinete y de los congresistas de Morena como paladines de una transformación radical hacia mejores horizontes.