Si la libertad y la legitimidad siempre están ahí, en el escenario, cuando hablamos de regímenes democráticos, hoy esos dos temas ocupan el centro del foro. Un número muy considerable de académicos, intelectuales y periodistas se ha pronunciado acerca de las descalificaciones a autores y las sanciones a medios provenientes de las más altas esferas gubernamentales. Lo han hecho, tanto en textos y entrevistas individuales, como en cartas y desplegados colectivos; y sus manifestaciones, no sólo cuestionan la actuación de funcionarios y oficinas de primer orden, sino que ponen en duda la calidad de la democracia que tenemos. Tal situación nos remite a asuntos fundamentales.

Como punto de partida de una reflexión clave, Norberto Bobbio registra una observación generalizable. Una persona que, para conservar su integridad, entrega su cartera a un asaltante armado, lo hace voluntaria, pero no libremente. Por eso, no podría argumentarse que el robo fue legítimo. La amenaza eliminó la alternativa razonable, la de actuar como se considera debido, y dejó una sola opción racional, la de salvarse. Coartó efectivamente la libertad de la víctima.

Bobbio nos ofrece una plataforma desde la cual podemos ver por qué la democracia es tan valiosa, a pesar de todas sus imperfecciones y de todos los abusos que se cometen en su nombre. Por la convicción de los gobernantes, por la fortaleza de las instituciones o por la capacidad de contención de la sociedad civil, en un país democrático las y los ciudadanos eligen sin temor a represalias: lo hacen libremente. Asimismo, actúan como iguales. Cada quien entiende, entonces, que los demás tienen los mismos derechos y, por lo tanto, pueden optar diferentemente.

En esas condiciones, la decisión mayoritaria es la más legítima, siempre y cuando no atente contra las libertades que han permitido tomarla y que son, precisamente, las mismas que han hecho posible la formación de una mayoría democrática. En una democracia, quienes quedan en minoría aceptan lo que no quisieran porque se llegó a ello debidamente.

Entre las libertades que definen a una democracia, la de expresión ha tenido un lugar central a lo largo de la historia, porque sin ella no pueden configurarse propiamente las opciones. ¿Y, si no se identifican, cómo podrían ponderarse racional y razonablemente? Sin libertad de expresión, la democracia pierde su legitimidad; y al renunciar a ésta, abandona su esencia. Lo que prevalecía porque se le juzgaba como aceptable, subsiste porque se le ve como forzoso.

En otras palabras, cuando un gobierno actúa a favor de la libertad de expresión, representa la voluntad de convencer; cuando actúa en contra, la intención de imponer. Lo han sabido Lincoln, Juárez, Miterrand, Churchill: para salvar el presente y proyectar el futuro, un líder demócrata debe significar la libertad de expresión antes que cualquier designio. Los dirigentes autoritarios no permiten que se les contradiga, no toleran la divergencia: exigen unanimidad. Así sucedió con Stalin, Somoza, Salazar y los otros que se han eternizado en el poder por medio de la coerción.

En el mundo que surgió de la modernidad, y en el que se transforma rápidamente por la invención tecnológica y la innovación industrial, la libertad de expresión y la libertad de prensa son casi sinónimos: se requieren y se implican mutuamente. Las razones son simples y, quizá por ello mismo, robustas. Sin libertad de prensa, el disentimiento queda acallado: es como si no hubiera sido expresado. Y sin libertad de decir lo que se piensa, la libertad de publicar carece de sentido: tampoco se difunde lo que viene al caso.
Consecuentemente, insistir en que un gobierno instaurado por vías democráticas respete las libertades de expresión y de prensa, es reconocer lo más preciado de ese gobierno: su legitimidad de origen. Por las mismas razones, pretender ver de otra manera la defensa de esas libertades es apartarse de la senda democrática.

Es por esa relación tan próxima de la legitimidad democrática con las libertades de expresión y de prensa que, en la larga y sinuosa trayectoria de la democratización en México, las dos libertades se han visto amenazadas simultáneamente y se han ensanchado conjuntamente. Desde su inicio, con las demandas de apertura enarboladas por los movimientos de los años 50 y 60, hasta la transición institucional de los años 90, que hizo posible las derrotas del PRI, primero, en las elecciones de la capital de la república y, luego, en las federales, el acceso plural al foro público ha sido la bandera de todas las libertades democráticas.

Después de la consolidación incierta de la democracia en los últimos lustros, un anhelo mayor era que la crítica llegara a tener el papel que le corresponde en una democracia de calidad: el de hacer visibles los argumentos que sustentan las opciones diferentes. Esto es lo que está en juego ahora, cuando la descalificación y la amenaza ocupan el lugar de la deliberación racional y razonable: la esperanza de cimentar en mayor profundidad y con mayor solidez la legitimidad democrática.