“Los partidos, son por naturaleza, una combinación libre de ciudadanos y un Estado que respeta los derechos fundamentales, no presta atención a los partidos, ni tiene derecho a preguntar a los miembros de un grupo cualquiera cuáles son sus ideas políticas ni cuál es su pasado político. El Estado no tiene derecho a sellar las opiniones políticas ni a establecer condiciones según las cuáles se pone ese sello.” Esto es lo que escribía Mosei Ostrogorski en La democracia y los partidos políticos en 1912, y añadía “solo a Rusia se le ha ocurrido establecer «partidos políticos legalizados»”.
La lógica de este argumento residía en comparar dos sistemas, uno no democrático, la Rusia de la época, que para reconocer la pluralidad debía someterla a las reglas del Estado, y la democracia estadounidense, la cual no menciona siquiera en su constitución a los partidos, pero los considera fundamentales para su vida democrática.
La existencia de partidos es esencial para la democracia representativa, pero ¿cuántos partidos requiere la democracia? La respuesta es multifactorial, pues la presencia de partidos depende de divisiones sociales (clivajes) factores institucionales (reglas electorales) dinámicas intra e inter-partidistas (vida interna, disolución, división o desaparición de los mismos partidos) pero también de los resultados electorales: en las democracias son los electores quienes deciden cuáles partidos deben gobernar, cuáles deben estar en la oposición, y cuáles deben desaparecer.
Por lo tanto, limitar la existencia de partidos es también limitar la libertad de elección. Un sistema multipartidista requiere que el sistema de gobierno contenga mecanismos que faciliten los acuerdos: de otra manera se promueve la ingobernabilidad. A su vez, un sistema de pocos partidos requiere que existan mecanismos que promuevan la incorporación de otros intereses que no están contenidos en esos mismos partidos: de lo contrario, se crean las condiciones para una crisis de representación.
En México las barreras para crear un partido político son muy altas. El procedimiento está hiperregulado (baste ver la extensión del artículo 41 constitucional que abarca casi el 30% de toda la constitución) y la decisión para entrar en la competencia queda en manos de órganos autónomos del Estado, es decir, de una pequeña élite seleccionada por los partidos ya establecidos y no por los ciudadanos.
Por tanto, en México la vida de un partido no depende del interés legítimo de un grupo de personas que se organizan, los afiliados y sus líderes, para alcanzar un cargo público por medio de las elecciones, sino de cumplir una serie de requisitos que van más allá de la competencia política y que terminan inhibiendo la opción de los ciudadanos de participar en política. Igualmente, para mantenerse como partido político las barreras son altas: la subsistencia de un partido depende de un mínimo de votos (el 3%) pero también del cumplimiento de una serie de requisitos legales que, por su diseño, todos los partidos terminan violando.
La rigidez de un sistema de partidos proyectada desde las leyes del Estado, tiene como objetivo limitar la competencia, disminuir la fragmentación y por lo tanto favorecer la gobernabilidad, pero tiene como consecuencia negativa la reducción de las opciones políticas a las que la ciudadanía puede acceder, limitando la libertad de elección.
Esta situación se origina desde los congresos por los partidos políticos “tradicionales” que ya dominan el espacio político. Promover leyes que dificultan la “entrada” de nuevos partidos y complicar la permanencia de aquellos que no obtienen amplias mayorías son mecanismos que favorecen lo que algunos han llamado la “partidocracia”. Pero el trasfondo del asunto en el caso mexicano no se limita exclusivamente a la cuestión de la competencia, sino también a los recursos públicos a los cuáles los partidos pueden acceder una vez que son reconocidos por la ley.
La fórmula de financiamiento, basada en la lógica de las mayorías (el que obtiene más votos obtiene más recursos) orienta a que los partidos ya establecidos fomenten barreras legales para limitar la existencia de más partidos. A más reglas, más difícil ingresar al sistema de partidos, y a menos partidos, más recursos del Estado para los partidos ya establecidos. Es un hecho que esta lógica “partidista” no contempla la complejidad y la diversidad de un país tan extenso territorialmente como es México con una población de más de 120 millones de habitantes.
A principios del 2019 el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió la notificación de 106 organizaciones que deseaban convertirse en partidos políticos. Después de más de un año, en septiembre de 2020, terminó otorgándole reconocimiento solo a un partido. Casualmente, un partido aliado del gobierno en turno.
