La relación de los precandidatos a la presidencia con la ciudadanía es, por decir lo menos, ambigua y contradictoria. Requieren del voto ciudadano y, por lo mismo, apelan al reconocimiento de la sociedad, a la atención de sus principales demandas y al mantenimiento de un mínimo diálogo que, hasta el momento, por los requisitos de las precampañas, ha sido intermediado por los militantes de cada partido. Sin embargo, el término mismo de ciudadanía, entendido como un conjunto de actores sociales, diversos, pensantes y propositivos les resulta incómodo. Tal vez por eso, con razones distintas, las tres coaliciones optaron finalmente por una palabra definitoria que no fuera ciudadano. La discusión del PRI en torno al nombre se resolvió en el muy general de TODOS, tan poco preciso como el de JUNTOS de López Obrador o el de MEXICO en el caso de la coalición PAN- PRD-MC. En los tres casos, la eliminación de la ciudadanía como requisito de operación, hizo más fáciles las decisiones políticas que acompañaron y siguen acompañando al proceso de formación de bloques y designación de candidatos. Selección por aclamación de un puñado de seguidores, encuestas poco confiables o, de plano, el juicio del presidente de partido, han justificado a los individuos designados como candidatos para gobiernos y diputaciones locales. Más cercanos a la masa anodina e irreflexiva que a la ciudadanía, los grupos de leales que reciben a los precandidatos presidenciales en cada parada de sus recorridos, recurren a métodos que creíamos agotados: consignas repetidas a coro, guirnaldas de flores, besos. La diferencia más notable con el pasado es tal vez la “selfie” con un precandidato satisfecho de su pequeño impacto en el comité de bienvenida. Tal vez la tendencia se modifique cuando las precampañas se conviertan en campañas reales; pero hasta ahora han vuelto a funcionar solamente como un primer acercamiento de los candidatos a las carencias del país y, muy poco, a las propuestas de la sociedad.
Los primeros discursos de precampaña tampoco han hecho mención del papel que la ciudadanía puede desempeñar en el proyecto de gobierno o en el gobierno mismo. Se habla a los ciudadanos, se proponen soluciones a sus problemas, pero se mantiene una actitud precavida hacia una sociedad civil que, por su parte, reclama participación y capacidad de influir en la toma de decisiones. Aunque Ricardo Anaya ha mencionado de entrada varias de las demandas esgrimidas por organizaciones de la sociedad civil, su campaña, de la que él mismo prometió que sería “divertida” y participativa, no lo ha sido aún. Los acercamientos con la sociedad, parecen amables, e incluso cariñosos, pero más hechos para el instagram que para la elaboración compartida de propuestas. A su vez, José Antonio Meade, quien ha dependido de la asistencia disciplinada de las bases priístas que lo han recibido en cada etapa de su primer recorrido, había sido, hasta hace unos días, deliberadamente vago en sus propuestas (en las cuales la ciudadanía ha estado completamente ausente). Apenas en los últimos días recuperó una de las demandas ciudadanas más centrales: la lucha contra la corrupción. Sin embargo, él tampoco recoge propiamente las propuestas de las organizaciones civiles, a pesar de que –hay que decirlo–en esta materia el sistema politico ya le había dado reconocimiento institucional a la sociedad civil organizada, a través del Sistema Nacional Anticorrupción. Mantiene la misma actitud que tuvo como Secretario de Hacienda, cuando hizo poco caso a órganos ciudadanos existentes.
El caso de López Obrador es un poco distinto; en primer lugar, porque lleva muchos meses en campaña y su llegada a los pueblos no es para pedir a los militantes de Morena que apoyen su candidatura sino para reafirmar a sus seguidores incondicionales que sigue en la batalla. Lo reciben igual con guirnaldas y matracas. En sus arengas, se refiere a la ciudadanía como “el pueblo”, concepto heredado del discurso revolucionario que apela más bien a las masas en respaldo del líder; y consecuente con ello, prefiere dialogar con organizaciones corporativas, como sindicatos y uniones campesinas, de cuya respuesta está seguro. El recientemente anunciado foro de Morena para elaborar una nueva propuesta educativa, no será un foro propiamente ciudadano, sino un encuentro de maestros de primaria, con lo cual nuevamente AMLO regresa la discusión al terreno de los sindicalizados de uno y otro bando. Su confianza en que basta la voluntad del presidente para cambiar al país, presupone un gobierno vertical, de base corporativa, más cercano al viejo presidencialismo que a una democracia con espacio para una ciudadanía plural e ideológicamente diversa. El uso que da a las encuestas, así como reiteradas declaraciones suyas, sugieren que en su proyecto, el voto popular sustituye al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. En medio de la insistencia ciudadana para elegir cuanto antes un fiscal general autónomo del Ejecutivo, él acaba de revelar los nombres de sus propios candidatos a fiscal general, fiscal anticorrupción y fiscal electoral que serán propuestos después de su posible arribo a la presidencia, para que, según sus propias palabras, sean “personas más acordes con las características del nuevo gobierno”.
Esta ausencia inicial de la ciudadanía como término de referencia ocurre en una etapa de desarrollo político en el país en la que, como muchos analistas coinciden, hay una sociedad crecientemente informada, participativa y crítica que no quiere solamente ser considerada como votante, sino como parte activa en la formulación de proyectos y políticas. La participación ciudadana no puede ya limitarse al depósito de una boleta electoral el día de las elecciones: esa función, dice Pierre Rosanvallon en El buen gobierno, fue propia de la “democracia de autorización”, es decir, la que autorizaba a un gobernante a ejercer el poder. Hoy, la sociedad demanda una “democracia de ejercicio”, es decir, la que establece caminos de relación eficaz entre gobernantes y gobernados.
Desde diversos foros, voces respetadas señalan que hay, en la sociedad mexicana, un sentimiento generalizado de desconfianza y hartazgo hacia la política. José Woldenberg diagnostica que la corrupción, la violencia, el lento crecimiento económico y la desigualdad minan la fe en la democracia y causan desesperanza, principalmente en los más jóvenes http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1292592&v=2 ; no tanto entre quienes conocimos todos los vicios y limitaciones del régimen autoritario. Pero la molestia persiste. Alejandro Monsiváis la atribuye a otros factores http://www.redalyc.org/autor.oa?id=1917 , tales como el desfase entre las expectativas sobre la democracia y las realizaciones que ésta propicia, el imperfecto o incompleto cambio de instituciones cada vez más rebasadas y las deficiencias en el proceder gubernamental.
En todo caso, la posibilidad de un nuevo impulso democrático no puede provenir únicamente de un relevo presidencial y de una nueva élite política, sino, entre otras cosas, de formas de involucramiento de la sociedad en aquellos asuntos que le atañen directamente. Considerar a esa sociedad tan sólo como una clientela a la que van dirigidas las políticas y programas, como una base de apoyo para aprobar las iniciativas del nuevo gobierno o como una masa informe que puede ser conducida o manipulada, es menospreciar el desarrollo político de ciudadanos que hoy recurren a muy diversos medios para informarse, opinar y ejercer una actitud vigilante y crítica sobre los gobiernos –esa que al actual Presidente de la República le parece molesta y desagradecida. Si los candidatos pensaran, no en el triunfo de sus campañas, sino en el desarrollo de sus gobiernos, deberían imaginar y proponer nuevos caminos y formas de participación que le garanticen a la ciudadanía un papel más responsable y comprometido en la vida del país. Tal vez los candidatos independientes puedan contribuir a esa tarea.
