La aprobación de la reforma judicial y los procedimientos para llevarla a cabo que han ocupado esta primera etapa de trabajo de los legisladores, han dejado pendiente la aprobación del dictamen de la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados sobre la eliminación de siete organismos autónomos, proceso que puede ponerse en marcha en cualquier momento.
Si bien la reforma judicial, por sus consecuencias sobre la democracia, la división de poderes y la carrera de miles de abogados y jueces en todo el país es la que ha concentrado la atención de la opinión pública, la desaparición inminente de los organismos autónomos no es menos preocupante. A lo largo de más de 20 años en que se fundó el primero de ellos, cada uno ha aportado al avance de un sistema político más participativo, más supervisado y más democrático. No obstante, pende sobre ellos la condena decretada por el gobierno anterior y confirmada en más de una ocasión por la Presidenta Sheinbaum.
Los organismos sentenciados a muerte son: la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI; el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval; la Comisión Reguladora de Energía, CRE; la Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu.
¿Su culpa? Supuestamente, el estorbar con burocracia innecesaria a las políticas de la Cuarta Transformación; el representar un gasto excesivo sin justificarlo con el trabajo realizado y el cubrir tareas que pueden ser realizadas por dependencias gubernamentales, lo cual, de acuerdo con el gobierno, los vuelve superfluos e inútiles.
En su defensa, expongo tres puntos que me parece que contradicen ese dictamen:
- Cada uno de estos organismos proviene de experiencias largas que demostraron su necesidad y que justifican su utilización eficaz a lo largo de al menos dos décadas.
La fundación de cada uno de estos organismos subraya algún momento del desarrollo político del país y, en algunas ocasiones , como lo recordaron hace algunos meses los embajadores de Estados Unidos y Canadá, acuerdos hechos para brindar certidumbre al Tratado conjunto entre los tres países , como es el caso de la Cofece que, entre otras tareas evita los monopolios públicos o privados.
Otros organismos surgieron del convencimiento social de una laguna en las leyes y a través de la discusión conjunta entre actores gubernamentales, académicos y de la sociedad civil resolvieron asuntos cotidianos mediante nuevos procedimientos a los que nos hemos acostumbrado. Un ejemplo es el INAI, cuyo origen se remonta a un seminario en Oaxaca en 2001 que reunió a periodistas y académicos y que, tras un proceso de integración de propuestas y con el concurso posterior de los partidos políticos de oposición al gobierno panista en turno, desembocó en reformas al artículo 6º de la constitución para establecer el derecho constitucional a la información junto al derecho a la libre expresión de las ideas. Así, la Ley de Transparencia y Derecho a la Información de 2002 estableció un organismo autónomo , el IFAI convertido posteriormente en INAI, fortalecido y ampliado con nuevas funciones en la nueva Ley de Transparencia y Derecho a la Información Pública de 2016 que lo define como
“… un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley”.
Se trataba desde un inicio, de garantizar el derecho a la información pública y de reducir al mínimo la secrecía de los asuntos gubernamentales, a partir de condiciones de imparcialidad del órgano garante. Con ello, a lo largo de dos décadas desde que se aprobó la primera Ley, sus funciones abrieron nuevos caminos para el periodismo independiente, la academia y las necesidades de información de la ciudadanía.
Como en este caso, los otros organismos autónomos han demostrado su capacidad para resolver problemas, proporcionar información oportuna y fortalecer las decisiones gubernamentales desde una perspectiva autónoma y bien documentada. La medición de la pobreza, el precio del gas, la apertura de una gasolinería, la autorización a una nueva red de internet, dependen del trabajo del Coneval, de la CRE, del CDH o del IFT. No es una burocracia inútil: pese a fallas y errores, los organismos autónomos han garantizado, en muchos rubros, un funcionamiento institucional más eficaz y libre de intereses políticos.
- Porque constituyen un reservorio de conocimiento experto.
Cada uno de los organismos, a lo largo del tiempo ha reclutado a especialistas en el tema y formado a otros nuevos. Detrás de los funcionarios a cargo de una oficina, hay equipos de profesionales de diversas disciplinas convencidos de la importancia de sus tareas y entrenados para dar respuesta a una gran diversidad de requerimientos tanto procedentes de empresas y sociedad civil como del gobierno mismo. Eliminarlos supone cancelar muchos años de formación y especialización de conocedores de cuestiones tales como la protección de datos personales, la evaluación de proyectos, el desarrollo técnico de la producción de energía y de hidrocarburos o la situación de escuelas y métodos pedagógicos. LA CRE acaba de publicar un video sobre sus 31 años de vida en el cual destaca la participación eficaz e imprescindible de 194 mujeres que forman parte de su equipo de especialistas. El CONEVAL se responsabiliza de la evaluación de más de 6 mil programas de políticas públicas en todo el país, para lo cual cuenta con especialistas en muy diversos renglones. La COFECE realiza detallados análisis de costos, precios y normatividades para autorizar operaciones entre empresas .
En el caso de la educación, la medida daría el golpe final al proceso de desmantelamiento de la evaluación educativa que se inició en 2019 con la supresión del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y su sustitución por la Mejoredu, que, disminuida en recursos e integrantes , nunca ha funcionado cabalmente. Entre otras consecuencias, el país sigue esperando la información sobre el avance y resultados de la reforma en la educación primaria ocurrida a lo largo del sexenio anterior, de la cual no sabemos siquiera si se ha aplicado mínimamente a lo largo del país.
- Los organismos autónomos actúan como supervisores de políticas y controles sobre los excesos gubernamentales.
Esta es la razón más importante. Las democracias crean controles para modular las acciones que se realizan bajo su amparo. Pierre Rosanvallon, un estudioso profundo de las democracias contemporáneas, afirma que la ciudadanía desconfía naturalmente de aquellos a quienes ha conferido el poder y por eso los vigila y los limita. El control más antiguo es la división de poderes, pero hay muchos otros que actúan para moderar decisiones, para medir resultados, para reglamentar procesos o para proteger a los propios ciudadanos del mal uso del poder. Ese último es el papel, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que fue creada justamente para evitar que los gobernantes actúen con arbitrariedad o negligencia en contra de los gobernados. Afortunadamente, la CNDH todavía no ha sido señalada para desaparecer aunque el proceso de designación de su nuevo titular ha puesto de manifiesto la confusión entre los legisladores acerca de esa misión y las muchas ausencias de acción sobre excesos del poder público en los últimos años. Parece haber una confusión semejante acerca de los organismos autónomos, cuando se olvida que cada uno de ellos fue diseñado para proponer políticas y hacer recomendaciones imparciales con base en la información disponible y en la discusión colegiada.
La autonomía de los siete organismos señalados, basada en sus reglas y en su conformación parcialmente ciudadana, les ha servido para establecer distancia respecto a las oficinas de gobierno federal, estatal o municipal. Ello les permite revisar políticas, señalar errores o lagunas y emitir propuestas de mejora. Son instituciones del Estado porque están incluidos en la constitución y reciben fondos oficiales, pero no pertenecen a ningún gobierno en particular y por eso mismo, tienen la capacidad de vigilar, evaluar y calificar sin presiones políticas gubernamentales. Incluso algunos de ellos están presididos por el Secretario de gobierno de la dependencia afín, pero la presencia de un grupo ampliado de participantes de instituciones diversas, garantiza la deliberación en torno a asuntos cruciales y la toma de decisiones con consideración de la opinión de los involucrados. Precisamente esa participación ciudadana y la autonomía que se les critica, son las que les confieren autoridad y legitimidad. Encerrarlos en alguna secretaría, despojados de presupuesto y sometidos a una autoridad superior, los volverá efectivamente inútiles para una sociedad crítica que requiere estar bien informada y protegida de decisiones arbitrarias.
Por su conocimiento sobre los asuntos que las ocupan, por su imparcialidad y capacidad de juicio, los organismos autónomos actúan como un muy necesario control de los gobiernos locales al igual que del gobierno nacional. Esa es sin duda la verdadera razón por la cual el gobierno los encuentra tan incómodos y por eso, en lugar de mejorarlos, reforzarlos y aprovechar la experiencia construida durante años, los ha condenado a muerte.
