Cada nuevo asesinato de periodistas, cada nuevo descubrimiento en la red de sobornos de OHL, cada desaparición de estudiantes, profesionistas o amas de casa, cada denuncia de pequeños fraudes, cohechos o falsedades por parte de candidatos de cualquier partido, es un abono más al escepticismo de amplios sectores de la sociedad mexicana. Al lado de la indignación, de la rabia o del temor , crece inexorablemente una desconfianza sistemática respecto a ideas, personas e instituciones que ha sido forjada lentamente a través de una larga cadena de ineficiencia gubernamental, incapacidad de autoridades intermedias, complacencia con los transgresores de la ley y silencio cómplice a pesar de las denuncias de crímenes y delitos. La corrupción que hasta hace poco se relacionaba exclusivamente con la mordida al policía de tránsito para evitar la infracción, hoy se descubre en una compleja maraña que involucra innumerables funcionarios y que incluye pagos adicionales por servicios, malversación de fondos públicos, aceptación de sobornos, utilización de cargos para favorecer a parientes y amigos, lavado de dinero y complicidad con el crimen organizado.
La respuesta más generalizada es el escepticismo. Los ciudadanos no creemos en que se esté investigando la muerte de Javier Valdez, en que Javier Duarte sea regresado de Guatemala o en que se llame a cuentas a Humberto Moreira. No creemos en el discurso hueco de quienes aspiran a una gubernatura ni en las aclaraciones de militares y procuradores. La desconfianza y la duda han echado raíces en amplios sectores de la sociedad y , en términos generales, debilitan la vida democrática y el funcionamiento mismo del conjunto social. Declaraciones inoportunas, indulgencia de políticos y funcionarios hacia pequeños cohechos y fraudes; violencia innecesaria en la contención de movilizaciones populares; fiestas de cumpleaños en los penales e indiferencia hacia las solicitudes de protección por parte de periodistas y familiares de desaparecidos no contribuyen a mejorar la percepción social.
No contribuye tampoco a disipar ese malestar la demora en poner en marcha las medidas propuestas por la propia sociedad para empezar a limpiar la atmósfera política. Pese a que las leyes contra la anticorrupción fueron una de las principales banderas en la campaña de Peña Nieto y que el llamado Sistema Anticorrupción (SNA) fue ingresado como iniciativa de ley por el PRI desde antes incluso de la toma de posesión del Presidente de la República, el SNA tardó casi cuatro años en completar los cambios constitucionales y leyes reglamentarias que se requerían para su puesta en marcha. En espera de que se aprobaron, se pospuso dos años y medio la designación de un Secretario de la Función Pública que entró en funciones para revisar las acusaciones en contra del propio Presidente de la República.
En el camino, a través del mecanismo de “iniciativa ciudadana”, diversas organizaciones de la sociedad civil impulsaron la llamada “Ley 3 de 3” que se presentó a su discusión en el Senado con más de 600 mil votos que la respaldaban, cuatro veces más de los requeridos para el trámite. La actividad desplegada dio entrada a las organizaciones a un serio proceso participativo de designación del Comité Ciudadano del SNA y a la elección de su Presidente (Jacqueline Peschard) por un año, a partir del 30 de enero de 2017.
Quedaba pendiente la elección del Fiscal anticorrupción, puesto imprescindible para el funcionamiento completo del sistema. Un primer intento en noviembre de 2014 fracasó por la imposibilidad de los senadores de los distintos partidos para ponerse de acuerdo. Un segundo intento, en abril de este año, despertó la esperanza de que, ahora sí, se completaría el proceso: no fue así. Un grupo de académicos de distintas universidades nos integramos en esta segunda fase como “comité de acompañamiento” con la única misión de atestiguar las comparecencias de 28 candidatos (al final se presentaron 23) ante dos comisiones del Senado y, si así lo considerábamos, dar nuestra opinión sobre los mismos. Más allá de nuestro desempeño en el proceso del cual ya hemos dado cuenta en tres documentos1 queda la experiencia de comprobar que, pese a la buena voluntad de los presidentes de las comisiones senatoriales involucradas, pese a que las entrevistas fueron abiertas a la prensa y a que nuestras recomendaciones fueron apreciadas y consideradas, la solución final se dejó pendiente: el periodo de sesiones en el que se resolvería la designación cerró sin que la Junta de Coordinación Política, responsable de la propuesta la llevara ante el pleno, al parecer, en consideración al clima político enrarecido por las elecciones en el estado de México, Coahuila y Nayarit, pero también sin duda, ante la confluencia en el tiempo de la propuesta presidencial de 18 magistrados para integrar el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa que podrá imponer penas a los acusados por delitos de corrupción y de la designación de consejeros y presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). La presión de los diferentes partidos sobre candidatos a cualquiera de los puestos mencionados tensa de tal manera la política nacional que obliga a escalonar decisiones y a postergar prioridades.
Sin fiscal, sin presupuesto definido y sin un horizonte temporal claro para la actuación del SNA, el Comité Ciudadano ya empezó a trabajar en las reglas que orientarán su acción. Quienes han estudiado las condiciones de la misma advierten, sin embargo, que sus facultades y, sobre todo, las del fiscal cuando éste se designe, son limitadas por un presupuesto que proviene de la PGR, por la falta de reglamentos puntuales, por un escaso margen de autonomía y por el cambio de Procurador de la República a Fiscal Federal en diciembre de 2018.
No mucha gente conoce la existencia del SNA, pero de su futura actuación depende que se reconstruya, al menos en parte, la credibilidad perdida de las instituciones mexicanas. En marzo, cuando se llevaron a cabo las comparecencias, varios de los participantes consideraban un rezago de entre 800 y mil expedientes por casos de corrupción que están en espera de ser estudiados y resueltos. Eso sólo a nivel federal, ya que el sistema deberá reproducirse en los estados de la República para atender las denuncias locales.
La falta de una fiscalía especializada se vuelve aún más preocupante si se toman en cuenta las muy numerosas ocasiones en que un expediente mal fundamentado por parte de las procuradurías del país ha permitido dejar libres a delincuentes peligrosos y a funcionarios acusados de diversos delitos. Pudiera suceder, por ejemplo, que el caso contra Javier Duarte (uno entre cientos) no quedara a cargo de una fiscalía anticorrupción sino de la Procuraduría General de la República. Si el expediente no se integra debidamente, ya sea por incapacidad de los responsables, o por ausencias deliberadas en el expediente, y por ello el exgobernador evita la extradición o, aun peor, regresa al país para ser liberado por falta de pruebas, el escepticismo y la desconfianza pueden dar lugar a una indignación tan severa como la que se generó a raíz del caso de Ayotzinapa.
Del otro lado, el escepticismo y la desconfianza aflojan los lazos del tejido social. La ciudadanía sospecha de sus autoridades y de sus posibles vínculos con el crimen de todos tamaños. En las calles de las colonias de la Ciudad de México aparecen letreros que advierten a los maleantes que los vecinos están vigilantes y que se exponen a ser linchados si son descubiertos in fraganti. De hecho los linchamientos se han multiplicado en distintos puntos del país en donde secuestradores presuntos han sido muertos, sin averiguación ninguna, por los habitantes que se sienten agredidos y que no confían en policías o ministerios públicos.
Urge reconstruir -o construir desde los cimientos- la credibilidad institucional lo cual, después de los cambios que se han dado en el país, requiere del reconocimiento por parte de gobierno federal y gobiernos locales, de una ciudadanía activa que debe encabezar y participar directamente en los procesos. Sin constituir la solución a todos los problemas, el SNA es un primer ejemplo de diseño institucional nuevo con una importante presencia ciudadana. Si se le deja morir, por falta de los acuerdos necesarios para dotarlo de fondos, de reglas, de autonomía y de su Fiscalía especializada, el gobierno estará cometiendo un gravísimo error.
Notas
1 Los documentos pueden descargarse de esta liga.
El problema de la corrupción, como se ha dicho ya (y no porque no dijo Peña Nieto), es un problema cultural, pero no por ello no se puede combatir. Al contrario, precisamente las nuevas instituciones pueden cambiar las prácticas. Pero creo que las reformas en este sentido han sido pobres, con poco «seso», han dejado ver una absoluta ignorancia o capacidad de analizar otras experiencias alrededor del mundo. Más que una fiscalía, se requiere un Órgano Autónomo, con facultades para controlar las carreras administrativas y sancionar la corrupción de los funcionario públicos, y por qué no, de los mismos representantes políticos. Por supuesto que crear algo así es muy «peligroso», porque sus facultades pueden extralimitarse. Pero se puede pensar e imaginar un diseño institucional más sofisticado de lo que hasta ahora se ha propuesto. La lucha contra la corrupción no puede estar sujeta a las buenas voluntades de los políticos en el gobierno en turno, debe ser una exigencia ciudadana.