Hoy, en México, ¿cambio de régimen o cambio de élites?
Por la importancia que tiene para el desarrollo la acción del Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, es decir, la política de CTI, la discusión acerca del papel que, en su definición, corresponde a los científicos de todas las áreas, ha recibido mucha atención. Las decisiones que se están tomando al respecto son también un foco de análisis sobre el carácter de los cambios que experimenta el país, en materia de política pública, en general.
La Ciencia y la Tecnología, así como las políticas que la han impulsado en nuestro país desde los años 1930 han sido un ámbito sensible a la voluntad política de los gobiernos en turno. Una de las razones que explican dicha sensibilidad es la escasa comprensión del sector público sobre el papel que dichas actividades han jugado en el desarrollo de otros países y el que pueden jugar en México para mejorar las condiciones de vida de la población y el crecimiento económico en general.
Sin embargo, lo que tampoco ha sido bien comprendido es que el impacto que puedan tener esas actividades no dependerá solamente del monto de inversión que se canalice, ni del número de investigadores o de publicaciones que se generen en el país, ni de la excelencia que alcancemos en los índices internacionales, sino – de manera más importante – en los esfuerzos de coordinación que se logren establecer entre el conjunto de actores que conforman lo que se ha denominado «sistema de ciencia, tecnología e innovación» (reconocido en la Ley de CyT actual, Artículo 3) que incluye no solamente a las investigadoras e investigadores y a las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación en los que se genera el conocimiento, sino también a otros actores que requieren de éstos para resolver sus problemas, como los sectores productivos tanto públicos como privados, los sectores sociales, así como el conjunto de políticas públicas que necesariamente deben sustentarse en conocimiento para la toma de decisiones. A pesar de que existen las partes del «sistema», al que habría que incorporar a la población, ese aún no está conformado y consolidado. Para lograr este objetivo en la toma de decisiones, el diseño de políticas y la asignación de recursos, debe observarse la participación de las comunidades científica, académica, tecnológica, de los sectores productivos como lo establece actualmente la ley en el artículo 12, y considerando los intereses de la sociedad para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
La política de CTI
En esta dirección es que la Ley de Ciencia y Tecnología publicada en 2002 y reformada en numerosas ocasiones desde esa fecha, incluyó un conjunto de instancias que han permitido avanzar en la coordinación, integración, construcción de procesos interactivos entre actores e instituciones y descentralización de las capacidades con el propósito de sumar los esfuerzos y orientarlos a sectores específicos. La inclusión en la Ley de CTI del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Artículo 5); del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Artículos 10, 36, 37, 38) como medio de expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y de los sectores productivos*; la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación (Artículo 30); la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Artículo 31) y el establecimiento de convenios con los gobiernos de las entidades federativas y las Secretarías de Estado (Artículo 33) han perseguido ese propósito que debe ser fortalecido.
Ese andamiaje institucional que se ha ido construyendo a lo largo de 17 años desde la publicación de dicha Ley mediante la puesta en práctica de instrumentos de política de CTI encaminados a la coordinación del sistema, al fortalecimiento de procesos participativos que ayuden a superar etapas en donde la autoridad presidencial o la de los directivos de Conacyt eran las que guiaban la PCTI, en mi opinión debe ser seriamente evaluado y mejorado enfatizando los mecanismos que apunten a que México pueda disponer de verdaderas políticas públicas en CTI que equivalen a conjugar intereses de diferentes actores en atención al bien común y al interés público.
En este ejercicio de diseñar la política de CTI hay muchas tensiones que no se han resuelto, siendo una de las principales las posiciones encontradas de lo que se debe esperar de dichas políticas: un apoyo incremental de recursos para la CTI versus una orientación de esas actividades hacia fines y prioridades específicas. Lo que está en juego actualmente es una confrontación entre élites y entre concepciones radicalizadas sobre la CTI: en un extremo, una continuidad de la concepción tradicional y lineal de apoyos progresivos a la ciencia con la idea de que en el largo plazo eso contribuirá a resolver los problemas del país, posición sostenida en una mal entendida «libertad de investigación» que fue impulsada a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial, siguiendo la orientación política que planteó el Informe Valdemar Bush (1945) para contrarrestar los usos militares de la ciencia y que definió el modelo de política de CTI que dominó en el mundo por mucho tiempo y que prevalece aún en la región latinoamericana, versus una concepción poco clara en donde la ciencia debe estar orientada prioritariamente a resolver los problemas de los pobres, de las poblaciones marginadas y en la que se cuestiona cualquier interés económico que permee el desarrollo de la investigación.
Los acontecimientos de los ocho meses del gobierno actual y los discursos y medidas tomadas por los encargados de dirigir la política de CTI lamentablemente no son propios de un gobierno interesado en que esas actividades incidan en el desarrollo del país, ya que no han considerado un elemento básico en el diseño de políticas públicas que es la etapa de diagnóstico mediante un análisis y evaluación serio de los esfuerzos institucionales de casi 60 años de políticas en este campo, identificando los logros, las limitaciones y los retos. En nombre de un nuevo régimen y una política de austeridad se transita tristemente hacia una destrucción de capacidades, aprendizajes institucionales, capital social y a la conformación de nuevas élites que sustituyan a las anteriores sin aportar nada a cambio.
Los gobiernos que se construyen sobre auténticos procesos democráticos, como podría ser el caso de los países nórdicos y otros más, han instituido desde hace muchas décadas la creación de organismos para generar procesos participativos en la toma de decisiones sobre ciencia y tecnología. Si bien la Ley de CyT requiere ser revisada, considero que no debería retroceder en la idea de contar con mecanismos de participación institucionalizados para la toma de decisiones y para la formulación de políticas. Las consultas informales y por vía de asesores de Conacyt que siempre han existido desde su creación en 1970, no son el canal para lograr procesos democráticos, ni eficaces en el diseño de políticas públicas que ya han sido superados en forma institucional por organismos como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, entre otras de las instancias que figuran actualmente en la Ley vigente de CyT. Dichas instancias deben ser seriamente evaluadas, revisadas y en su caso fortalecidas si anhelamos que la CTI puedan, en el corto plazo, contribuir a la solución de nuestros problemas y al logro de mejores condiciones de vida de la población.
El énfasis en el discurso político de la actual administración en procesos como la apropiación social del conocimiento que ya se incluye en la Ley vigente, requiere dotarla de contenido para generar una nueva concepción de política pública. Se trata de un proceso social que implica nuevas formas de generación de conocimiento en interacción con los actores que demandan de estos recursos para resolver problemas o definir políticas públicas. Apropiación implica nuevos modelos de participación pública en la ciencia y nuevos modelos de concebir la relación entre ciencia, tecnología y sociedad y de formular las políticas de CTI; implica la co-producción de conocimientos, el fortalecimiento de las capacidades colectivas para usar los conocimientos, y tomar decisiones conociendo los beneficios y riesgos del conocimiento. Transitar hacia esas nuevas formas ya incluidas en las convocatorias publicadas recientemente por Conacyt parece contradecirse con el ataque a instancias institucionales que fomenten la participación.
El riesgo de efectos no deseados
Estamos frente a una oportunidad de redirigir la política de CTI en nuestro país, vincularnos a los esfuerzos innovadores de políticas que se realizan en otras partes del mundo y de nuestra región latinoamericana orientados a la inclusión social; pero también nos encontramos ante el gran riesgo que dado el desconocimiento, la falta de experiencia en el diseño de políticas públicas y la radicalización de posiciones políticas que ya ha mostrado la administración actual, así como la lucha desatada entre grupos de interés por el control de los recursos, nos lleve no sólo a seguir construyendo capacidades de CyT cada vez más desvinculadas de la sociedad, sino a destruir las escasos y precarios eslabones existentes entre ciencia y sociedad.
* Ver, por ejemplo, http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/libro_c
